La industria petrolera colombiana: 2015-2018





La historia del petróleo es una montaña rusa y lo que marca la velocidad es el precio del petróleo, la tecnología y la voluntad de sus emprendedores en el marco de un contexto político determinado.

La industria petrolera colombiana es una montaña rusa y en este momento no solo va en caída vertiginosa sino que podría amenazar con no volver a subir. Esta entrada se dedica precisamente a Colombia y su industria petrolera. 

¿Qué ha pasado?

Luego de un éxito que prometía una expansión sin precedentes[1], la industria petrolera colombiana se ha detenido por muchas razones y el ambiente es de pesimismo a pesar que tiene un enorme potencial dentro de las dimensiones de su historia.

El descenso se nota tanto a nivel de inversiones como de exploración y desarrollo. Solo entre enero y julio de 2014, la producción promedio alcanzó los 979.000 barriles diarios, un 2,6% menos que en el mismo período de 2013.  Sería la primera caída desde el año 2005 en su producción efectiva.

¿Qué está deteniendo a la industria petrolera? Son varias las causas:
  1. El incremento de los ataques de la guerrilla contra oleoductos[2]. 
  2. Bloqueos organizados a las instalaciones petroleras protagonizados por comunidades en las zonas de explotación. 
  3. La aparición de un nuevo esquema de otorgamiento de licencias ambientales que ha comenzado a demorar los permisos de exploración y explotación. 
  4. A esto se une dos nuevas variables que aparecen en las últimas semanas como lo es la caída de los precios petroleros y la reforma tributaria en proceso de aprobación
De acuerdo a la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en 2003 la inversión extranjera directa (IED) en el sector petrolero ascendía a U$S 278 millones, en 2012 las mismas estaban en U$S 5.416 millones. Si bien el año pasado los desembolsos extranjeros en la industria cayeron a U$S 4.910, hoy en día las inversiones extranjeras en petróleo representan más de un tercio de las que recibe Colombia.

En consecuencia, una tendencia similar se nota en la actividad exploratoria. Si bien durante el año 2002 se perforaron solo 10 pozos, en 2012 se registraron 130 y durante el año 2013 115 pozos. 

La producción siguió con la misma línea. Entre 2005 y 2013 las cifras de producción de crudo se duplicaron y Colombia logró superar por primera vez el año pasado la barrera del millón de barriles diarios.

Las fallas en la producción efectiva preocupa y mucho a la industria petrolera colombiana y ya el objetivo de producción del mismo gobierno se redujo para el año 2015 del 1,03 millones de barriles diarios a 981.000 barriles diarios, debajo incluso de los contabilizados en 2013 (1,007 millones de barriles diarios).

Entre las causas mencionadas, los factores de mayor incidencia derivan de la fuerte oposición de las comunidades intensificada luego de la implementación del nuevo sistema general de regalías durante el año 2012. Este giro regulatorio incluyó un recorte de las regalías percibidas por las regiones productoras dando como resultado un fuerte descontento motorizado por las fuerzas políticas y sindicales de cada región en Casanare, Meta, Santander y Putumayo. La ACP arroja sus cifras y establece que el número de protestas en 2013 fue de 503 pero ya para lo que va de año ha cruzado el umbral de las 600 protestas.

Esto tiene un impacto directo en la producción. De acuerdo al Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) el 73% de lo que se ha dejado producir se debe a las dificultades logísticas que producen los bloqueos mientras que el resto se debió a atentados de terroristas y dificultades técnicas.

Se espera que en 2015 la situación empeore no solo en el sector de producción sino en exploración afectando especialmente al 20% de la actividad sísmica exploratoria planificada.

Por otro lado, los ataques guerrilleros sobre la infraestructura petrolera en los departamentos de Putumayo, Arauca y Catatumbo se mantienen a pesar de las negociaciones de paz pues la mayor parte son ejecutados por el ELN. Cerca de 90% de los atentados de esta guerrilla ha sido dirigida contra la infraestructura de hidrocarburos especialmente sobre el oleoducto Caño Limón-Coveñas y el campo Caño Limón.

El impacto de la guerrilla cada vez es más difícil de controlar gracias a que las comunidades locales bloquean las actividades de reparaciones.

En el año 2011, por otro lado, fue creada la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como una ventanilla única de permisos para agilizar el proceso de otorgamiento de licencias ambientales. Hasta ahora dicho cometido no se ha logrado. Durante el período 2000-2010 una licencia demoraba 6 meses, actualmente se requiere un promedio de espera de 14 meses. Existe un detalle y es que la ANLA no solo se encarga de las licencias petroleras sino también de las licencias de minería, infraestructura, desarrollos agropecuarios, entre otros.

Se agrega, por último, los precios petroleros. El descenso ha sido vertiginoso y está obligando a las petroleras que operan en Colombia a hacer recortes de inversión y gastos operativos, lo cual a su vez, afecta a las empresas de servicio.

Todo esto se siente en las IED petrolero. Al momento que las IED destinadas a sectores no petroleros crecieron 19% en el sector petrolero cayeron 10,2%. El efecto directo se nota solo en un ejemplo: en los últimos años no se han descubierto en Colombia campos mayores a 500 millones de barriles.

Los hidrocarburos no convencionales

Colombia es el tercer país de Sudamérica con mayor potencial de yacimientos de hidrocarburos no convencionales después de Argentina y Brasil. Se estima que los hidrocarburos no convencionales podrían aportar  reservas de 1.000 millones de barriles de petróleo equivalentes en 2030 y casi triplicar las reservas de gas que había al final del año pasado.

Existen muchas oportunidades igualmente en las áreas costa afuera del país que podrían incrementar en 6 veces las reservas de crudo y 3 veces las de gas. Por esa razón la Agencia Nacional de Hidrocarburos convocó la Ronda Colombia 2014. En dicha ronda se subastaron 97 licencias dentro de las cuales 18 bloques eran no convencionales y 19 eran costa afuera, así como 8 asociado al carbón.

Consultando entre expertos del sector en Bogotá, aún quedan muchos ajustes pendientes en el ámbito fiscal petrolero colombiano para hacer más competitivo al país sobre todo en época de precios relativamente bajos. Además, el punto más sensible es el impacto ambiental en este tipo de crudos donde la regulación ambiental podría dificultar el despliegue de actividades de explotación de los mismos. En ese sentido, el gobierno trabaja fuertemente en una nueva normativa.

A pesar de las dificultades algunos proyectos se están poniendo en marcha. De hecho ya el gobierno declaró viable comercialmente la primera reserva de petróleo de esquito, propiedad de Ecopetrol y sondeará otras más en Catatumbo, Cordillera y Magdalena Medio.

En el ámbito off-shore, se espera la perforación de 8 pozos durante los próximos cinco años. El Orca-1 ya arrojó resultados en el Bloque Tayrona. Dicho pozo está operado por un consorcio liderado por Ecopetrol, Petrobras y Repsol. Por otro lado, Anardako Petroleum, líder en exploración y producción aguas profundas quiere entrar con más fuerza en Colombia trasladando una de sus plataformas desde Costa de Marfil al Caribe colombiano para comenzar actividades durante el primer trimestre de 2015. Esta compañía con buena experiencia y record exploratorio se mueve sólo si ve amplias posibilidades. De hecho tiene planes de perforar 2 pozos y tramita permiso para 8 más. Algo similar ocurre con Repsol y Shell.

Cuando las infraestructuras pueden dañar el viaje

Es sin duda el cuello de botella más grande de la industria petrolera colombiana pues el crecimiento acelerado de la producción en la última década no ha sido acompañado por la construcción acelerada de infraestructura de transporte, almacenamiento, tratamiento, gestión de residuos y refinación.

Normalmente un oleoducto no debe operar a toda capacidad, pues bien en los llanos colombianos esta es la situación ante la escasez de infraestructura. 

El origen es que al parecer para muchas empresas no es rentable por lo relativamente pequeña que es Colombia en términos petroleros, pero la verdad es que si se piensa en términos geoeconómicos y estratégicos la construcción de este tipo de infraestructura podría integrarse a la industria venezolana que tarde o temprano podría buscar una salida al Pacífico más allá de Panamá y asociar costes de transporte con el tejido empresarial petrolero colombiano.

Colombia busca fortalecer su frente Pacífico y no depender tanto del Atlántico visto el auge no convencional en el Golfo de México. Así uno de sus proyectos más importantes es el Oleoducto al Pacífico (OAP). Su objetivo es Asia-Pacífico conectando los llanos con la ciudad portuaria de Buenaventura en el Pacífico. Este ducto costaría cerca de 5.000 millones de dólares y 400.000 barriles diarios. Enbridge, una empresa canadiense de ingeniería está detrás del proyecto y si obtiene todos los permisos ambientales comenzaría a construirla en 2015.

A la OAP se le suma la segunda y tercera etapa del Oleoducto Bicentenario (OBC), un proyecto que incrementará la capacidad de transporte desde los llanos y Casanare hacia el puerto de Coveñas. OBC está siendo desarrollado por Ecopetrol y su filial Hocol, Pacific Rubiales y su filial Petrominerales, Canacol (canadiense) y Vetra (colombo-venezolana). Su longitud será de 960 kilómetros y tendrá una capacidad de 450.000 barriles diarios. Estas etapas iniciarán su andar entre 2015 y 2016.

Existen otros grandes desafíos que tienen que ver con gas natural. Colombia tiene un excedente de gas natural que podría ser exportada más allá de la conexión que existe con Venezuela. En tal sentido se piensa en la vía marítima. Pacific Rubiales, por ejemplo, piensa exportar gas natural desde Colombia a mercados del Caribe y Centroamérica a través de un terminal de almacenamiento y exportación de gas natural licuado en la costa del Caribe.

A manera de conclusión

Colombia aún así, según un reciente estudio de la consultora Arthur D. Little que incluyó entrevistas a 95 compañías del sector petrolero, es el país más atractivo en la región, por delante de Brasil y México, para la exploración y explotación de hidrocarburos.

No obstante, por otro lado, este estudio indica que las empresas que ya tienen operaciones en Colombia son las que menor percepción positiva tienen debido a procesos ineficientes de licenciamiento ambiental, conflictos sociales en aumento, ausencia de nuevos descubrimientos, problemas de seguridad creciente y la falta de áreas con gran atractivo.

La presencia de este tipo de variables indica que el crecimiento continuará, pero a tasas bajas. En los próximos 10 años se espera un promedio anual de producción diaria de petróleo de 1.062.000 barriles. Pero, aún para alcanzar ese crecimiento a tasas bajas, se requerirá de un esfuerzo de alrededor de 230 pozos exploratorios anuales en los próximos cinco años, el doble que el registrado en 2013.

La vertiginosa expansión de la industria colombiana pisó el freno pero se niega a retroceder.

Tal vez mientras los precios se mantengan por debajo de 80 dólares por barril el ritmo siga lento pero si se presenta alguna recuperación en las cotizaciones el trabajo hasta ese momento será de mucha utilidad ya que servirá de plataforma para otra aceleración.

Si Venezuela se libera del atasco en la que está hundida gracias al chavismo, el potencial de ambos países podría llevarlos a nuevos estadios sinérgicos y esa es la meta a la que apunta muchos venezolanos del mundo petrolero que triangulan entre Bogotá, Ciudad de Panamá y Caracas.

En conversaciones sostenidas con algunos de ellos el optimismo por un potencial final del chavismo radical y la necesidad de una nueva apertura por parte de Venezuela más por imperiosa necesidad de divisas que por anhelo patrio, potenciarán las inversiones realizadas en Colombia constituyendo un triángulo un polígono muy interesante entre los Andes y el Caribe cuyos ángulos están marcados por Caracas, Bogotá, Ciudad de Panamá y Quito.

En Bogotá se respira pesimismo pero también esperanza de todo tipo. Saben que son etapas y que pueden seguir el camino de auge de su industria petrolera en el momento que las circunstancias y la dinámica institucional orientada a la paz y la seguridad lo permitan.


[1] En 2005, comenzaron a implementarse cambios en el marco regulatorio, con el objetivo de atraer inversiones en exploración y revertir la caída en la producción. El más relevante fue la promulgación en 2003 del Decreto Ley 1760, que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Ese ente regulador pasó a encargarse desde la administración de los recursos de hidrocarburos hasta la asignación de las áreas para su exploración y explotación, pasando por la recaudación de las regalías. Al mismo tiempo, la compañía Ecopetrol fue liberada de las funciones como administrador del recurso petrolero y pasó a convertirse en una competidora más del mercado. Con la eliminación de los contratos de asociación surgió un nuevo esquema de concesión que atrajo un caudal creciente de inversiones al sector. Estos cambios imprimieron un giro en la política petrolera de Colombia. Al sumarle los altos precios internacionales del crudo y la recuperación de un favorable clima de inversión en el país, el caldo de cultivo para una mayor inversión estaba en su punto justo. Los dólares llovieron de empresas que van desde Occidental Petroleum, Exxon, Chevron o Petrobras hasta compañías junior, principalmente de origen canadiense y estadounidense. De hecho, el país posee al grupo de firmas junior más grande de la región y según la empresa de información financiera Dealogic desde 2011 se han registrado 90 fusiones y adquisiciones de petroleras y gasíferas, por un valor combinado de US$ 4.800 millones.
[2] Se dice en los medios petroleros, especialmente en las empresas de servicios de este sector en Bogotá que los famosos ataques de las guerrillas muchas veces es montado por empresas del sector en complicidad con la guerrilla para cobrar parte de los seguros y hacer los ajustes que le permita ganarse un dinero ampliando el coste de reparación en momentos críticos usando los recursos de las aseguradoras.

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